El Gobierno no está Comprometido en reducir la Pobreza.

Según los entendidos en economía, el Presupuesto Nacional es la herramienta que permite analizar los objetivos del Estado respecto a las políticas públicas: más allá de los discursos, las promesas electorales y las buenas intenciones, el Presupuesto debe señalar de manera concreta cuáles son las prioridades de los gobiernos.

Haciendo un pequeño análisis del presupuesto que para el 2007 tiene el gobierno del PLD, encontramos algunos aspectos que confirman nuestra preocupación sobre la voluntad del gobierno en materia de política social, lucha contra la pobreza y reducción de la inequidad.

Lo primero que vemos en cuanto al gasto social, es que el gobierno insiste en priorizar los fondos destinados a la asistencia social antes que al financiamiento de políticas y programas universales y de impacto masivo.

Educación recibe la mayor parte de los fondos, seguida por la inversión en Salud y en Asistencia Social. Lo preocupante es que los fondos para Asistencia Social son superiores a los de la Seguridad Social, que es una política de carácter universal y cuya lenta implementación se debe –entre otras cosas– al bajo financiamiento. Con una inversión en Seguridad Social menor al 1% del PIB será muy difícil cumplir con la meta de afiliar a los más de 4 millones de dominicanas y dominicanos que deben beneficiarse del sistema.

Pero no se trata solo de las prioridades. También existe una dispersión en la ejecución de los montos destinados a Servicios Sociales, principalmente en el rubro Asistencia Social. Existen 14 instituciones manejando montos haciendo la función de Asistencia Social. Esto significa que el dinero es repartido entre 14 organizaciones cada una de ellas halando para su lado.

Por otra parte, los montos destinados a Asistencia Social se van reduciendo con los enormes gastos en Servicios Personales (personal que labora en las instituciones), Servicios no Personales (comunicaciones, viáticos, transporte, etc.) y en Materiales y Suministros. El caso del Gabinete de la Política Social es uno de los más paradigmáticos: recibe el 33.29% de los fondos de Asistencia Social, de los cuales más de la mitad (el 51.82%) es utilizado en servicios personales, no personales y materiales y suministros. En tanto, las transferencias corrientes, es decir, los montos que efectivamente llegan a las personas a través de los diferentes programas asistenciales, representan el 45% de los fondos.

Aún predomina una lógica de continuo endeudamiento que implica serias restricciones para el gobierno: El grueso del presupuesto 2007 es asignado a los servicios sociales (39.42%) y los servicios de la deuda (23.35%), y el 15.12% de las fuentes de financiamiento del presupuesto actual proviene de créditos, tanto internos como externos. Por otra parte, es necesario analizar si estos dineros que tomamos prestados se invierten en obras y políticas que benefician a la mayoría de la población dominicana. Un ejemplo, que ha sido muy controversial, nos señala una respuesta: de los 10 mil 700 millones de pesos que recibirá el metro para el año 2007 se tomarán prestados en el exterior 7 mil millones. Un “pequeño” ejemplo de cómo el gobierno sigue engrosando la deuda con obras que no responden a los problemas prioritarios de nuestro país ni tienen un impacto positivo sobre la mayoría de la población.

La distribución regional del presupuesto revela una concentración en las áreas urbanas del D.N. y baja inversión en el interior del país. El Distrito Nacional es la región con menores niveles de pobreza en términos porcentuales: 24,6% frente al 50,7% de la región Este y el 67,4 de Enriquillo en el Sur. Sin embargo es la que recibirá la mayor inversión. Esto parece demostrar, en primer lugar, que la reducción de la pobreza no constituye una prioridad del actual gobierno; y, en segundo lugar, pone en evidencia que la inversión en el interior del país tampoco es prioritaria.

La manera como se gastan los dineros de los servicios sociales no está clara. Las limitaciones que impone la lógica de endeudamiento continuo de los gobiernos, la dispersión de las instituciones que ejecutan el gasto social y los elevados montos dedicados a políticas asistenciales no revelan que la voluntad política del gobierno sea la reducción de la pobreza y el logro de la equidad social.